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¿Quiénes se opusieron a los Decretos 16 y 739?

Los dos decretos generaron polémica cuando se firmaron. El primero en firmarse, el Decreto 16, le valió al Ecuador la observación de Human Rights Watch, que emitió un comunicado en el que mostraba su preocupación por la normativa.  “Los funcionarios ahora podrán en la práctica decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones, y esto debilita significativamente el rol de estos grupos como contralor de los actos del gobierno”.

César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización que se define como enfocado en la defensa de la libertad de expresión, presentó en julio de 2013, pocos días después de la firma del Decreto 16, una acción de amparo constitucional en contra de la norma. Aseguraba que el reglamento contiene causales muy subjetivas que permitirían disolver organizaciones a discrecionalidad. Como él, otros representantes de gremios se mostraron contraros a la normativa; Mariana Pallasco, presidenta del principal gremio de maestros del sector público, UNE, acudió a la Organización Internacional de Trabajadores y a la Corte Constitucional. Carlos Pérez Guartambel, presidente de la organización indígena Ecuarunari también presentó acciones legales.

Organizaciones de trabajadores como La Federación Ecuatoriana de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos y la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha también se opusieron a la medida.