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¿Cuál fue polémica por una de las últimas resoluciones de la Junta Monetaria y Financiera?

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El cobro del interés por retrasos en tarjetas de crédito fue una de las últimas medidas de la Junta Monetaria y Financiera. Fotografía de Archivo Medios Públicos EP bajo licencia CC BY-SA 2.0.

Una de las últimas resoluciones fue el cambio en las condiciones del cobro del interés por retrasos en tarjetas de crédito. La modificación, que fue dada de baja el 7 de febrero de 2019, regía desde enero de 2019 e implicaba cobrar los intereses desde la fecha de consumo y ya no desde la fecha de vencimiento de la deuda. Según la resolución, emitida el 28 de diciembre de 2018, se cobrarían intereses en dos casos: por retraso en el pago y por cancelar el mínimo a pagar.

Para comprender la resolución hay que entender cómo funcionan los cobros de intereses cuando se paga con tarjeta de crédito.

El primer cambio que incorporaba la reforma era cobrar los intereses de mora desde la fecha de la compra, y no desde la fecha en que se caía en mora (es decir, pasada la fecha máxima de pago). Por ejemplo, si la fecha límite de pago de la tarjeta de crédito era el 2 de febrero pero una persona no pagaba hasta esa fecha, antes de la reforma los intereses de mora se cobraban desde la fecha de vencimiento (el tope para pagar).

Con la resolución, los intereses se contabilizaban desde el día de la compra, y no desde que la obligación quedó incumplida.

En el caso de los intereses por el pago mínimo, la resolución estipulaba un interés sobre los saldos que quedaban tras el pago mínimo, además de los pactados al momento de la compra. Un ejemplo para desentrañar el enredo: supongamos que una persona consumió 2 mil dólares en una compra con un interés del 5%, y tenía que hacer un pago mínimo de 100 dólares. Si hacía ese pago mínimo, la persona no estaba en mora con la tarjeta de crédito pero, según la resolución, se le cobrarían el 5% estipulado sobre los 1.900 restantes y, además, un nuevo interés.

Esto, según el exministro de Economía Diego Borja, equivale a cobrar un interés sobre interés, algo que está prohibido por la ley.