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¿Podría ser Vicuña destituida de la Vicepresidencia de la República?

Fotografía del posicionamiento de la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña el 6 de enero de 2018. Imagen bajo licencia creative commons CC BY 2.0

Se han analizado tres posibles vías para la pérdida de su cargo.

La primera es a través el juicio político que se pretende iniciar en la Asamblea Nacional, por el delito de concusión. El asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, ha empezado a recoger firmas —tiene al menos 58, el número exacto de las firmas necesarias para que el proceso sea admitido a revisión del Consejo de Administración Legislativa, CAL. La figura por la que se pretendería destituirla es la contemplada en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, que dice que se podrá destituir al Presidente o Vicepresidente de la República por concusión. La concusión es un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) que se da cuando un funcionario público exige cobros de manera arbitraria o ilegal para beneficio propio. Para esta destitución no existe la necesidad, según la Constitución, de que haya un pronunciamiento penal previo, pero sí la declaratoria de admisibilidad por parte de la corte Constitucional.

El segundo escenario está ligado también al juicio político. Sería el más largo, ya que implicaría que avance el proceso legal que se ha iniciado en la Fiscalía, y que, tras él, Vicuña sea encontrada culpable del delito de concusión. Con la existencia de esa sentencia, siempre que sea la definitiva, Vicuña sería sometida a un juicio político para, de acuerdo al 129, destituirla por estar incursa en ese delito.

Estos dos escenarios tendrían la complicación de que tanto para el enjuiciamiento penal como para el juicio político se requiere un pronunciamiento de admisibilidad de parte de la Corte Constitucional. Actualmente, dicha corte está vacante, por lo que ambos procesos se detendrían en ese punto.

El tercer escenario es que Vicuña sea sancionada por la Contraloría con la destitución. Según la Ley para les de presentación y control de declaraciones patrimoniales juramentadas, es obligación de los obligados a presentarlas declarar las cuentas bancarias que tuviesen. Entre los obligados están los funcionarios de elección popular.  Si la Contraloría hiciese un examen especial a la declaración juramentada que Vicuña presentó en marzo de 2018, y no hubiese declarado la cuenta bancaria en la que se hicieron los depósitos, podrían imponerle una sanción de destitución, algo que ya ha hecho con otros funcionarios de elección popular como el exvicepresdiente Glas y el exprefecto de Manabí Mariano Zambrano. Además, tras dicho informe, la Contraloría podría remitir la información a la Fiscalía para que investigue (algo que ya está haciendo el organismo).