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¿Cómo se resolvió el pedido de medidas cautelares hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los miembros del CPCCS?

Corte IDH niega medidas provisionales a CPCCS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó el pedido de medidas cautelares que le había hecho la Comisión en nombre Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador.

En una resolución dictada el 8 de febrero de 2018, y negó las medidas que buscaban suspender el nombramiento de un Consejo de Participación transitorio, de acuerdo a lo resuelto en la pregunta 3 de la Consulta Popular del 4 de febrero del mismo año.

En su fallo, la Corte dijo que,  para otorgarlas, debía analizar si se cumplía la convergencia de  tres requisitos: extrema gravedad, urgencia, y que se trate de “evitar daños irreparables a las personas”.

Según el tribunal internacional, debido que la consulta popular en la que se hizo la pregunta 3 “se llevó a cabo el día 4 de febrero de 2018, el petitorio de los propuestos beneficiarios el cual se relacionaba con la posibilidad de suspender los comicios quedó sin objeto”.

Sobre los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, dijo que para que la Corte conceda las medidas debían coincidir en el hecho denunciado como potencialmente dañino —es decir, no bastaba con que se encuentren uno o dos, sino que debían encontrarse todos.

Sobre el argumento de que existía ‘extrema gravedad”, la Corte dijo que no le correspondía “pronunciarse sobre los derechos presuntamente vulnerados en perjuicio de los propuestos beneficiarios de las medidas provisionales en el marco del procedimiento de referéndum que tuvo lugar el pasado 4 de febrero”. Dijo, además, que no le correspondía efectuar “un análisis de convencionalidad sobre las actuaciones de las autoridades internas que culminaron con la organización de esos comicios”.

La convencionalidad es un principio jurídico creado por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (la Comisión y la Corte) para analizar si las actuaciones de las autoridades de los Estados se apegan a lo previsto en las Convenciones y Tratados Internacionales aplicables para cada caso. Eso, dijo la Corte, podría eventualmente ser debatido ante la Comisión Interamericana, “conforme a las reglas establecidas en la Convención y en el Reglamento del señalado órgano del sistema interamericano”.

La Corte dijo, también, que varios de los argumentos alegados por la Comisión para justificar la extrema gravedad de la situación estarían atados “al fondo del caso” y que no le resultaba posible distinguir claramente entre “aquello que corresponde a lo estrictamente cautelar y aquello propio a dirimirse en el fondo de la petición que fuera sometida ante la Comisión”. Esto quiere decir que la Corte considera que otorgar las medidas cautelares sería como resolver si existieron o no las violaciones alegadas en el caso que Jarrín, Pauker y Vera llevaron ante la Comisión, por lo que no cabría que el tribunal se pronuncie de forma anticipada.  

La Corte dice en su resolución que la solicitud de la Comisión pedía ordenar al Estado ecuatoriano que se abstenga de implementar los resultados de la consulta popular del 4 de febrero, lo que “implica un prejuzgamiento sobre la convencionalidad del procedimiento surtido para llevar a cabo el referendo constitucional llevado a cabo el 4 de febrero en Ecuador”. Ese análisis, dice el Tribunal no es propio de la naturaleza de una medida provisional.

La Corte dijo, además, que la Comisión había señalado dos niveles de potenciales beneficiarios de las medidas cautelares: Jarrín, Pauker y Vega, y “otro abstracto e indeterminado que podría referirse a la sociedad en su conjunto o a la población de Ecuador”. Sobre este punto, el Tribunal recuerda que la protección de una pluralidad de personas requiere que al menos éstas sean “identificables y determinables”, requisito que no se configura en el presente caso.”

Por último, la Corte dice que  “no puede dejar de advertir que la Comisión, por un lado desechó una solicitud de medidas cautelares sobre un asunto de similar naturaleza, y por otro lado requirió la adopción de medidas provisionales en un asunto de similar naturaleza argumentando extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad”. La Corte dice que le llama la atención que la Comisión haya tenido el pedido de medidas bajo su conocimiento por más de un mes, pero recién lo haya activado “una vez que ya fuera celebrado el referéndum, es decir después que la ciudadanía expresara su respuesta afirmativa a la pregunta formulada relacionada con el objeto de la solicitud”.

Por esas razones, la Corte desestima el pedido de las medidas cautelares, pero al final dice que el Estado ecuatoriano “deberá garantizar los mecanismos idóneos para que los peticionarios puedan agotar las vías internas pertinentes para reclamar los derechos y resarcimientos que estimen se les estarían vulnerando”.