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¿Por qué en la Asamblea quieren llevar a juicio político a María Fernanda Espinosa?

María Fernanda Espinosa junto a los exministros del Interior y de Defensa. Imagen tomada de la Cancillería bajo licencia creative commons 2.0.

La canciller ecuatoriana recibió esta noticia en medio de un pedido de juicio político planteado por Fernando Flores, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña de CREO; Cristina Reyes y Henry Cucalón del PSC; y René Yandún del BIN, pero la petición del juicio fue firmada por 59 asambleístas. Los legisladores entregaron el 31 de mayo de 2018 un informe de 48 hojas y además presentaron 39 pruebas sobre el posible incumplimiento de funciones de la canciller ecuatoriana.

Las causas que han motivado este pedido es el manejo del asilo y nacionalización de Julian Assange —que permanece en la embajada de Ecuador en Londres desde el 2012, para evitar ser extraditado a Suecia por las denuncias de violación que pesaban en su contra y por filtrar información sobre diplomáticos estadounidenses a través de WikiLeaks—. Espinosa informó en enero de 2018 que Assange había recibido la nacionalidad ecuatoriana como una medida de protección, mientras se resuelve el tema de su asilo, la canciller también dijo que se analizaba la posibilidad de otorgar una designación diplomática especial al asilado.

La actuación de María Fernanda Espinosa ante la crisis en la frontera norte con Colombia, también ha sido utilizada como argumento por parte de los legisladores que exigen un juicio político en su contra. Se le acusa de imcumplimiento de funciones por su inacción en el tema del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, la muerte de cuatro militares en un atentado liderado por grupos disidentes y el secuestro de una pareja de ecuatorianos de los que no se sabe nada. Todo eso sucedió mientras la canciller intentaba ganar la presidencia de la Asamblea General de la ONU y hacía uso de los recursos del Estado para para promocionarse.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá revisar este informe y en caso de aprobarlo, inmediatamente debe remitirlo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que se notifique a la canciller y pueda presentar las pruebas de descargo en los quince días posteriores a la fecha en que se admita el juicio político en el CAL.