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¿Qué cambia con las reformas a Ley de Comunicación?

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El 14 de febrero de 2019, la Asamblea Nacional finalizó el debate sobre las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de la Asamblea Nacional.

Entre las principales reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) está la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), organismo creado para controlar y sancionar administrativamente a los medios de comunicación.

Otro de los cambios es la exclusión de la figura de linchamiento mediático, que prohibía “la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.

Se eliminaron también los códigos y normas deontológicas. En el caso de los códigos se estipulaba que los medios de comunicación generarán códigos deontológicos para “mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional”. Las normas deontológicas estaban establecidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación y se referían a “normas mínimas” para la difusión de la información que considerarán aspectos como el respeto a la honra, la intimidad y relacionados a grupos de “atención prioritaria”. Se incluía también normas relacionadas a las prácticas de los medios como rectificar información o respetar la presunción de inocencia.

La responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, las sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación fueron derogadas. La responsabilidad ulterior se refería a “la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos”; en el caso de los medios la responsabilidades podían ser administrativas, civiles y penales.

Se suprime además la obligatoriedad de que los medios de alcance nacional cuenten con un defensor de audiencias, designado mediante concurso público por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS.

Otra de las reformas establece cambios en la distribución del espectro radioeléctrico y el tiempo de la concesión de frecuencias. El 56% del espectro radioeléctrico será para medios privados, el 34% para comunitarios y el 10% para medios públicos; anteriormente la repartición era 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para comunitarios. Se mantiene el tiempo de duración de la concesión en 15 años de duración, con derecho a una posible renovación.