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¿Qué se dijo en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las desapariciones en Ecuador?

Audiencia por las personas desaparecidas en Ecuador. Fotografía de Inredh.

El 3 de octubre de 2018, en  una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se analizaron los casos de desaparecidos en Ecuador. A esta audiencia asistieron representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), la fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado.

Daniel Véjar abogado de Inredh, entregó en nombre de su fundación y de Asfadec, una petición a la comisión solicitando que realice recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre personas desaparecidas. Entre las recomendaciones estaba: cumplir con sus obligaciones en investigar y sancionar en casos de personas desaparecidas conforme a los estándares establecidos por la CIDH y demás organismos internacionales, dar asistencia psicosocial a los familiares en los procesos de búsqueda e investigación, asegurar el derecho al acceso a la información sobre estadísticas y cifras de personas desaparecidas, y que se tipifique la desaparición involuntaria.

Además, pidieron que se destine mayores recursos para la capacitación y contratación de personal calificado para las búsquedas, que se promueva enmiendas legislativas para regular el tratamiento nacional para las desapariciones involuntarias y que en el proceso se incluya las perspectivas de los familiares, y una reparación integral para las víctimas directas e indirectas en los casos de desapariciones.

Los representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Procuraduría, hablaron sobre los avances que ha tenido el Estado en los casos de desaparecidos. Dijeron que se ha logrado consolidar una base de datos entre el Ministerio, la Fiscalía y la Policía Nacional; la creación de una aplicación de celular para registrar a personas sin identidad, con inscripción tardía o sin referencias de familiares que estén en casas de acogida, albergues, hospitales y otros centros de atención. Además, dijo que el Estado está trabajando en procesos de reconstrucción de osamentas para que “ningún caso de personas desaparecidas quede sin resolución” y conocer cómo se vería la persona y que ésta pueda ser reconocida por su familia.

La presidenta de la audiencia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, cuestionó a los representantes del Estado sobre la norma aplicable para los casos de desaparecidos por ser tratados como actos administrativos. Además, preguntó sobre cuáles son las propuestas del Estado o si es que existe un protocolo que obligue a una investigación. El representante de la Fiscalía General del Estado, Wilson Toainga, defendió que se traten a los casos de desaparecidos como actos administrativos porque no existe una jerarquización de los procesos y que una vez sean investigados los casos pueden ser remitidos a fiscalías especializadas de acuerdo al delito.

El comisionado Luis Ernesto Vargas exigió al Estado ecuatoriano que dé respuestas a los familiares de personas desaparecidas y el comisionado Joel Hernández preguntó si existe algún mecanismo de cooperación internacional para encontrar a personas desaparecidas en el exterior. A esto, los representantes del Estado dijeron que hay un convenio con México para mejorar las acciones para encontrar a migrantes desaparecidos.

La comisionada Antonia Urrejola dijo que está muy preocupada por las cifras que presentó el Estado y que no comprende por qué son tan altas, por lo que piensa que hay patrones que deben ser investigados. También cuestionó las acciones para dar estabilidad a la investigación de los casos. Finalmente, los comisionados exhortaron al Estado a comprometerse a dar un seguimiento a los casos de personas desaparecidas para encontrar soluciones reales y eficientes.