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¿Por qué el Tribunal de la Corte de Justicia de Azuay revocó la sentencia que permitía el matrimonio de una pareja homosexual?

Corte Superior de Justicia Cuenca. Imagen bajo licencia creative commons CC BY 2.0

El 10 de septiembre de 2018, la Corte de Justicia de Azuay revocó la sentencia que permitía a la pareja conformada por José Sánchez y Javier Orellana inscribir su matrimonio. Según el tribunal, la sentencia de junio de 2018 dictada por la jueza ponente Iliana Vallejo no puede ser ejecutada porque la definición de matrimonio, según la Constitución, es la unión entre un hombre y una mujer. Por ello, consideró la Corte,  el Registro Civil no violó los derechos de la pareja.

A pesar de que en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a 12 países a reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el tribunal descartó la Opinión Consultiva —un mecanismo para solucionar controversias internacionales—, alegando que la Constitución ecuatoriana dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Dijo que el sector público tiene la competencia de ejercer las facultades que le otorga la Constitución y que el Registro Civil no está calificado “para privar de los derechos a las personas, menos para violarlos”. La corte dijo que la Opinión Consultiva de la CIDH, no podía ser acatada por la conflictos constitucionales y de ley en cuanto a la definición de “matrimonio”.  

Adicionalmente, la corte dictaminó que le corresponde a la Asamblea Nacional hacer cualquier tipo de reforma para garantizar la dignidad de los ciudadanos.

El 29 de junio, las juezas de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Vallejo y Álvarez aceptaron la solicitud de acción de protección  —recurso que ampara contra actos que violen derechos constitucionales; aun cuando la violación venga de personas que actúen en ejercicio de sus funciones— de José S. y Javier O. frente a la negativa del Registro Civil para contraer matrimonio en abril de 2018. La Procuraduría General del Estado y El Registro Civil apelaron la decisión. Estas entidades consideran que la sentencia violaba la interpretación parcial de qué es lo que se define como matrimonio en Ecuador —entre hombre y mujer—.

El 29 de agosto de 2018 se desarrolló la audiencia de apelación. Los jueces del Tribunal de la Corte de Justicia de Azuay, Sandra Aguirre, Freddy Mulla y Luis Urgilés escucharon las pruebas de ambas partes. El 10 de septiembre de 2018, el Tribunal resolvió  que la negativa del Registro Civil “no está encaminada a vulnerar derechos, ni a producir actos discriminatorios, se sustenta en nuestro régimen constitucional y legal”. Según el tribunal no se comprobaron acciones que atenten contra los derchos por lo que la acción de protección no es válida.