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¿Puede la Contraloría destituir a un funcionario de elección popular?

Pablo Celi, Contralor General del Estado. Imagen bajo licencia creative commons CC BY 2.0.
Pablo Celi, Contralor General del Estado. Imagen bajo licencia creative commons CC BY 2.0.

Esta pregunta ya dividió a abogados, constitucionalistas y politólogos en 2017. A finales de ese año, el entonces vicepresidente de la República Jorge Glas fue sancionado con destitución por la Contraloría por su participación en la adjudicación del campo petrolero Singue.

Esa adjudicación se hizo en 2012, cuando Glas era ministro, y la sanción se dictó cuando era Vicepresidente, cinco años más tarde, por lo que —según el Contralor y varios abogados— afectaba el cargo que ejercía en ese momento. Al final, el intríngulis legal no se resolvió porque en enero de 2018 el presidente Lenín Moreno le pidió a la Asamblea que nombre un reemplazo para Glas porque consideró que estaba en ausencia definitiva de su cargo al haber cumplido 90 días en prisión preventiva por la trama de corrupción Odebrecht.

La respuesta a la pregunta de si la Contraloría tiene la facultad de resolver la destitución de un funcionario de elección popular sigue siendo un debate jurídico.

El artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado faculta al organismo a destituir a funcionarios públicos. Para muchos analistas, esa norma no admite excepción alguna. El constitucionalista Rafael Oyarte dijo en una entrevista radial, a propósito del caso de Glas: “Cuando la Contraloría establece responsabilidades administrativas no distingue, no hay una salvedad para funcionarios electos. Lo único que dice la norma es que en caso de ser un funcionario nominado, quien debe operativizar la destitución, es el órgano nominador”. Según su explicación, si es que es una autoridad electa, no tiene un órgano nominador, la destitución es directa. “En el Ecuador el Contralor es un hombre muy poderoso, tanto que le puede sacar hasta al Presidente de la República. Me puede parecer escandaloso pero es así”.

Hay, sin embargo, dos antecedentes que favorecen la teoría de que la Contraloría puede destituir a un funcionario que ganó su puesto en una elección.

En 2016, Cirilo González fue destituido por el Concejo Municipal luego de que la Contraloría señalara responsabilidad en 17 “desviaciones administrativas”.  González era alcalde del cantón Balzar de la provincia del Guayas.

En otro caso, que linda ya con los límites de lo increíble, la Contraloría resolvió tres veces la destitución del alcalde Manuel Casanova de Quinidé (diciembre de 2014, mayo de 2015 y agosto de 2016), en la provincia de Esmeraldas, e incluso la Fiscalía le formuló cargos por enriquecimiento ilícito.

Si la Contraloría resuelve tras la apelación de Zambrano que su destitución está en firme, la disputa jurídica de los alcances de las destituciones que puede ordenar la Contraloría se retomará. Para eso faltan alrededor de 60 días.