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¿Qué desató la crisis política en Guatemala en agosto de 2017?

Foto de Pueblos en Camino

El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron al Congreso Nacional que retiren la inmunidad judicial al presidente Jimmy Morales. La solicitud  —enviada en agosto de 2017— tenía el respaldo de una investigación que  acusaba al partido del presidente, el Frente de Convergencia Nacional, de no reportar fondos equivalentes a 920 mil dólares ante el Tribunal Electoral durante la campaña electoral que llevó a Morales al poder en 2015.  Sin embargo el Congreso Nacional votó en contra de retirar la inmunidad presidencial a Morales para iniciar un proceso judicial.

Morales, por su lado, declaró persona no grata al alto comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Esta medida obligaba a Velásquez a salir del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, anuló la medida del presidente y otorgó amparo definitivo a Velásquez. Decenas de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de Morales y del Congreso.

El pasado 17 de octubre el Ministerio de Relaciones Exteriores renovó la visa de Iván Velásquez. No obstante, en una carta firmada por la viceministra, Alicia Castillo, se advierte a Velásquez: “Debo recordarle que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del referido Acuerdo —de la Cicig—, no le eximen de obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”.

La CC ordenó a la Cancillería revocar dicha advertencia. De no hacerlo, advirtió, ordenaría al presidente Morales a destituir a la ministra Sandra Jovel y a la viceministra Castillo.