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¿Qué es un juicio político?

El juicio político es un procedimiento constitucional para determinar la responsabilidad de las  autoridades. El objetivo final es separar del gobierno a funcionarios públicos (incluidos presidente y vicepresidente) que han cometido delitos. El juicio político, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, es una facultad de la función legislativa, la Asamblea Nacional. Está normada en el artículo 129, 130, 131 y de la constitución bajo el título Control de la acción de gobierno, y por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según la disposición constitucional, la Asamblea tiene la facultad de enjuiciar políticamente al presidente, vicepresidente, ministros, procurador del Estado, contralor del Estado, fiscal general, defensor del Pueblo, defensor público general, superintendentes, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las “demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”.

El juicio político termina con la censura o no del funcionario procesado, y se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional (es decir, la mitad más una de todos los miembros de la Asamblea). Para la censura de ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura se requerirá un voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea. Según la Constitución, si el funcionario fue censurado por motivos que conlleven indicios de responsabilidad penal, el asunto deberá pasar a manos de la jueces y fiscales.

El procedimiento para el inicio y trámite del juicio político está normado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.