Claves para entender el caso de Fernando Balda

  1. 1. ¿Qué es el caso Balda?
  2. 2. ¿Por qué Fernando Balda fue deportado a Ecuador?
  3. 3. ¿Quién es Fernando Balda?
  4. 4. ¿Contra quién es la denuncia de Fernando Balda?
  5. 5. ¿Quiénes han sido llamados a declarar?
  6. 6. ¿Qué ha dicho Rafael Correa?
  7. 7. ¿En qué etapa está la investigación de la Fiscalía?
  8. 8. ¿Cuál es el rol de la Secretaría Nacional de Inteligencia en el caso?
  9. 9. ¿Qué proceso judicial hay en Colombia por el mismo caso?
  10. 10. ¿Qué dijo Lenín Moreno sobre la desclasificación del caso Balda?
  11. 11. ¿Por qué el fiscal General del Estado encargado pidió vincular en el caso Balda a Rafael Correa?
  12. 12. ¿Qué decidió la Asamblea Nacional sobre la petición de la Corte Nacional de Justicia?
  13. 13. ¿Qué pasó con Pablo Romero?
  14. 14. ¿Por qué de dictó prisión preventiva a Rafael Correa?
  15. 15. ¿Por qué la justicia española liberó a Pablo Romero?
  16. 16. ¿Aceptó la Corte Nacional la vinculación de Rafael Correa al caso Balda?
  17. 17. ¿Por qué dictó la Corte Nacional prisión preventiva contra el expresidente Correa?
  18. 18. ¿Cuántos expresidentes de Ecuador fueron vinculados en procesos judiciales?
  19. 19. ¿Qué dijo la defensa de Rafael Correa luego de que se aceptara su vinculación?
  20. 20. ¿Por qué la jueza negó un procedimiento abreviado a dos exagentes de la Senain?
  21. 21. ¿A quiénes ratificaron la inocencia?
  22. 22. ¿Qué elementos se han presentado para el pedido de llamamiento a juicio a Correa?
  23. 23. ¿Por qué Rafael Correa fue llamado a juicio?

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¿Cuántos expresidentes de Ecuador fueron vinculados en procesos judiciales?

Expresidentes Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez vinculados en procesos judiciales. Ilustración de GK.

Rafael Correa es el sexto expresidente vinculado con un proceso penal, desde el retorno a la democracia.

Los cinco anteriores son Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez. Es decir, todos los presidentes que el país tuvo desde 1996, salvo Alfredo Palacio (que asumió la Presidencia tras la caída de Gutiérrez) y, si se cuenta las breves horas en que fue titular de la Función Ejecutiva, tras la remoción de Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga.

Abdalá Bucaram, presidente entre agosto de 1996 y febrero de 1997, fue acusado por tres delitos. El primer proceso fue por peculado (malversación de fondos públicos) por un supuesto sobreprecio de alrededor de 15 millones de dólares en la contratación del programa Mochila escolar. Sin embargo, la causa se estancó antes de la etapa de juicio porque en ese entonces la ley no permitía juzgar en ausencia, y Bucaram estaba exiliado en Panamá. El segundo caso fue el denominado gastos reservados. El tercero por delito de concusión en las aduanas. En este último la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobreseyó provisionalmente a Bucaram por falta de pruebas.

Bucaram también fue sentenciado a dos años de prisión por injurias. La demanda la presentaron los entonces diputados Alexandra Vela (de la Democracia Popular) y Jaime Nebot (del Partido Social Cristiano), sin embargo los procesos prescribieron por haber transcurrido más de dos años desde que se iniciaron, fueron archivados definitivamente 17 de mayo del 2004.

Abdalá Bucaram retornó a Ecuador el 16 de junio de 2017, luego de que los dos juicios por peculado (Caso Mochilas Escolares y Fondos de reserva) que pesaban en su contra prescribieron.

El sucesor de Bucaram en la presidencia fue el interino Fabián Alarcón, elegido por el Congreso saltándose a la Vicepresidenta Arteaga. Alarcón asumió el poder y lo dejó en 1998.  Fue detenido en 1999, y estuvo cuatro meses en una cárcel especial de Quito. La exdiputada Cecilia Calderón presentó una denuncia en su contra por, supuestamente, contratar ilegalmente personal del Congreso durante el período en que lo presidió (de ahí pasó al Ejecutivo). En el proceso se investigaron 15 casos, de los cuales trece ocurrieron durante la gestión de Alarcón. Los cargos contra Alarcón fueron desestimados.

En 2014, el expresidente Jamil Mahuad fue sentenciado a doce años de prisión por el delito de peculado. El proceso empezó en julio de 2000, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, procesó a Mahuad como responsable del feriado bancario y del inicio de la crisis del sistema financiero de finales del siglo veinte. Mahuad había llegado al poder en 1998, pero tras dos años y la peor crisis económica de la historia del Ecuador, fue derrocado por un levantamiento militar, popular e indígena. Desde que dejó el poder, Mahuad está radicado en Estados Unidos, donde imparte clases en la Universidad de Harvard.

En el 2017 la condena de doce años de prisión fue reducida a ocho. En mayo de ese año, la Interpol lo incluyó en su lista de búsqueda. Un mes después, tras la apelación de sus abogados, Mahuad fue retirado de la lista. El Ministerio del Interior dijo en ese momento que lo que había salido del aire del sitio web de la Interpol era simplemente la visibilidad de la ficha de búsqueda de Mahuad. Sin embargo, hasta hoy no hay registro público del expresidente en la Interpol.

El vicepresidente de Mahuad, Gustavo Noboa, asumió el mandato dejado vacante por Mahuad. Por iniciativa de su enemigo personal y político, León Febres-Cordero, se le inició un proceso penal por peculado por, supuestamente, perjudicar al Estado en la renegociación de la deuda exterior. Noboa evitó la cárcel cuando República Dominicana le otorgó asilo político. En abril de 2005, regresó a Ecuador porque la Corte Suprema de Justicia anuló la orden de prisión en su contra. Su caso era considerado por muchos como una vendetta personal de Febres-Cordero.

Sin embargo, esa anulación fue revocada y en mayo de 2005, a Noboa se le volvió a dictar prisión, pero, por su edad, se le concedió arresto domiciliario. En marzo de 2006 fue sobreseído como autor del delito, pero siguió encausado como encubridor. En 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi le otorgó una amnistía a Noboa por considerar que su caso fue producto de la persecución política propiciada por León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano.

El último presidente en ser investigado penalmente fue Lucio Gutiérrez. En 2005, luego de ser derrocado, fue enjuiciado penalmente por atentar contra la seguridad del Estado. Estuvo preso en el penal García Moreno y luego en la cárcel cuatro de Quito hasta marzo de 2006, cuando fue liberado. Su vicepresidente y sucesor, Alfredo Palacio, entregó el poder en 2007 a Rafael Correa que gobernó hasta mayo de 2017.