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¿Han habido otros ataques terroristas en el Ecuador?

Según un reporte del grupo británico de análisis de riesgos globales Maplecroft de 2014, Ecuador tiene un ‘riesgo muy bajo’ de ser impactado por el terrorismo, asemejandose a Brasil y Australia.

Esta organización analiza diariamente los actos de terrorismo en el mundo, y tiene un ranking de 197 países. En él, ubicó a Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia, Nigeria, Yemen, Siria, Filipinas, Líbano, Libia, Colombia y Kenia como los paíse en ‘riesgo extremo’ de sufrir un ataque terrorista.

En el Ecuador, durante la década pasada hubo casos calificados como terroristas, aunque tal clasificación fue cuestionada por activistas de Derechos Humanos como una forma de persecución estatal. Las sentencias en estos casos fueron revertidas, y muchos de los involucrados han anunciado que llevarán los casos a tribunales internacionales.

Uno de los más emblemáticos fue el caso de  los Diez de Luluncoto.

El que el 3 de marzo de 2012, diez personas fueron capturadas por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado. La Fiscalía los acusó de colocar cuatro bombas panfletarias que detonaron en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca en noviembre de 2011. El caso se cerró en el año 2016, nueve de los diez acusado tuvieron que permanecer en prisión antes de que se declare extinta esta pena.

La maestra Mery Zamora también fue acusada en mayo del 2013 de sabotaje y terrorismo, por haber dirigido una protesta estudiantil el mismo día de la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Según el gobierno de Rafael Correa, fue un intento de golpe de Estado y la condenó a ocho años de prisión. Sin embargo, fue liberada el 7 de julio de 2011 por el juzgado Quinto de Garantías Penales de Guayaquil que resolvió archivar y desestimar el caso.

En noviembre de 2015, Francisco Sampedro fue acusado de terrorismo y transporte de armas químicas, nucleares y biológicas, mientras transportaba un borrego de cartón, para asistir a una marcha de oposición, en una camioneta alquilada por el Frente Popular —coalición que agrupa a varias organizaciones sociales y sindicales con tendencias izquierdistas, cercanas al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador como la UNE, FESE, FEUE, JRE, UCAE, CONFEMEC, entre otras—. Sampedro estuvo en prisión 86 días acusado de terrorismo, hasta que un juez de flagrancia decidió liberarlo al no encontrar motivo para su detención.

A finales de la década de los 1980 e inicios de los 1990, en el país hubo otros hechos calificados como terroristas. En 1982 apareció el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC). En 1985, la organización secuestró al banquero Nahim Isaías. El presidente de la República León Febres-Cordero ordenó el asalto y rescate del banquero, que murió en el enfrentamiento, al igual que todos los secuestradoras. Febres-Cordero ordenó la persecución y desaparición de todos aquellos que estuvieran vinculados a la organización que catalogó como terrorista.

Ese discurso del ‘combate al terrorismo’, según el informe de la Comisión de la Verdad, sirvió para que Febres criminalizara acciones políticas opuestas al régimen. Su política de combate consistió en un proyecto para “reconstruir la nación desde una lógica neoliberal, contraria al comunismo”.

Según la Comisión de la Verdad, durante ese período existió lo que se llama el terrorismo de Estado en Ecuador. Según la Comisión, hubo impunidad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y violaciones sexuales, que instauraron terror y otorgaron poder autoritario a la Policía y las Fuerzas Armadas. También se persiguió, a través de grupos especiales de la Policía a periodistas y medios de comunicación.

La periodista cuencana Martha Cardoso recopiló en su libro Historias de Radio, algunos testimonios sobre agresiones a periodistas durante el gobierno de León Febres-Cordero. Narra el caso del periodista Francisco Orellana en diciembre de 1984, que luego de asistir al IV Foro de los Derechos Humanos, fue torturado en una habitación, como represalia a las publicaciones que escribía en contra del gobierno. Orellana fue secuestrado y liberado ocho días después de su aprehensión.

En el período 1984-1988 treinta y siete emisoras fueron clausuradas y el canal 5 salió del aire, aunque cumplía con todos los requisitos legales. En el informe final de la Comisión de la Verdad se destaca que “El Gobierno utilizó la publicidad oficial como arma de premio o castigo: los medios afines recibieron generosas franjas publicitarias y otros fueron severamente discriminados”.

No solo la prensa fue víctima de los ataques del régimen. Algunos dirigentes sociales también fueron reprimidos. Nelson Quinde, en abril de 1985 participó en una protesta en Guayaquil, según sus declaraciones, Jaime Nebot lo habría llamado a su despacho, pero al no llegar a un consenso fue apresado y llevado hasta la Intendencia de Policía para ser torturado.

Ni siquiera los políticos se salvaron del autoritarismo de Febres-Cordero, este fue el caso del diputado socialista Diego Delgado que fue golpeado por sectores afines al Gobierno, luego de iniciar un juicio político contra el ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, a quien acusó de cometer violaciones a los derechos humanos.

Estas persecuciones resultaron en graves violaciones a los derechos humanos, uno de los casos más recordados es el de Andrés (14 años) y Santiago (17 años) Restrepo, que el 8 de enero de 1988, desaparecieron cuando iban a buscar a un amigo. La Comisión Especial Investigadora creada en 1990 responsabilizó a la Policía Nacional de la detención ilegal, tortura y desaparición de los jóvenes colombianos, pero la institución argumentó que los adolescentes habían sufrido un accidente de tránsito.

Más tarde la familia fue notificada de que los jóvenes estaban en manos del Servicio de Investigación Criminal de la Policía (SIC10). “Los hermanos Restrepo no estaban relacionados con organizaciones estudiantiles ni subversivas”, señala el informe para negando el vínculo de los jóvenes con la guerrilla.

Otro caso fue el de la maestra Consuelo Benavides Cevallos, que el 4 de diciembre 1985 fue aprehendida por varios infantes de Marina en  Quinindé, Esmeraldas, por considerarla activista del grupo subversivo AVC. Luego del robo en junio de 1984 a una agencia del Banco del Pacífico, Consuelo Benavides refugió en su casa a los autores de este delito. La maestra fue asesinada el 13 de diciembre de 1985, y solo tres años más tarde se identificó su cadáver con el rostro desfigurado por los impactos de bala.

El Estado ecuatoriano, once años después, asumió la responsabilidad por la desaparición y muerte de la maestra e indemnizó a su familia con un millón de dólares, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la investigación debía continuar para sancionar a los responsables.